Alcalde y funcionarios de La Esperanza bajo la mira por presunto campeonato inexistente
Una denuncia penal recibida por la Fiscalía, se acusaba al alcalde del distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez y a varios funcionarios municipales por el presunto delito de peculado doloso, colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado y de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, esto debido a la supuesta ejecución de un campeonato deportivo programado para noviembre de 2025, el cual tal parece, nunca se realizó.
La denuncia
Según la denuncia, durante el año 2025 se tenía pensado la ejecución del denominado Campeonato Deportivo Juvenil 2025, cuyo fin era promover la participación de los jóvenes del distrito en actividades deportivas, esto según la documentación administrativa. Ante esta supuesta ejecución, se habría solicitado y tramitado un monto de S/15,984, razón por la que en este informe se señala, en primer lugar, a dos funcionarios.
El requerimiento fue formulado por el subgerente de Juventud, Deportes y Cultura, Esteban García Otiñano, y tramitado ante el gerente de Desarrollo Social, Víctor Arturo Azañedo, los cuales tenían responsabilidad directa en la evaluación, autorización y control del gasto. Junto a ello, la denuncia también señala al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez, en calidad de presunto responsable por omisión personal.
El plan de trabajo
Según el cronograma detallado en el plan de trabajo, se tenía prevista la convocatoria, inauguración y desarrollo de este campeonato entre los días 4 y 19 de noviembre de 2025. Pese a ello, al actividad jamás se ejecutó.
Una investigación periodística difundida el 22 de diciembre de 2025 se encargó de verificar los espacios deportivos asignados para el desarrollo del evento, revelando así que no se habría llegado a realizar. Ni en el Complejo Deportivo Amauta ni en el Estadio Municipal de La Esperanza se halló evidencia de este evento.
A todo ello, la denuncia señala también que no existiría rendición de cuentas, actas de ejecución, informes finales o comprobantes que evidencien el uso de los recursos públicos asignados. Las versiones que los funcionarios involucrados habrían brindado se contradecían en cuanto al uso del dinero, a lo que la denuncia señala que esto vulnera principios de legalidad y veracidad administrativa.
