El derecho a elegir exige el deber de informarse, más información, menos manipulación
Escribe: Dra. Marlene Zapata Carnaqué
En la primera entrega señalamos una idea central: en democracia, el derecho a elegir está indisolublemente ligado al deber de informarse. No hacerlo no solo debilita el voto individual, sino que empobrece la calidad de las autoridades que terminan gobernando. En esta segunda parte, damos un paso más práctico y concreto: cómo puede cualquier ciudadano revisar y analizar las declaraciones juradas de intereses y de bienes y rentas de quienes postulan a cargos públicos.
Estas herramientas no son un detalle burocrático ni un simple requisito formal. Son, en realidad, uno de los pocos mecanismos que permiten al elector evaluar conflictos de interés, coherencia patrimonial y señales de alerta tempranas antes —y después— de una elección. Las declaraciones juradas cumplen una función preventiva. Buscan transparentar posibles intereses privados que puedan influir en decisiones públicas y mostrar la evolución del patrimonio de una persona que aspira a ejercer poder. Ignorarlas es renunciar voluntariamente a una información clave que el propio Estado pone a disposición del ciudadano.
Un candidato puede tener un discurso impecable, pero si sus vínculos empresariales, familiares o patrimoniales no son claros, el riesgo de captura del cargo público es real. Informarse no implica asumir culpabilidades, sino hacer preguntas razonables antes de otorgar confianza política.
Declaración jurada de intereses: ¿Dónde y qué mirar?
La Declaración Jurada de Intereses puede consultarse en el portal oficial de la Contraloría General de la República (https://appdji.contraloria.gob.pe/DJIC/ConsultaPublicaDJICRUC.aspx). Allí se registran datos sobre: (1) Participación en empresas o sociedades, (2) Cargos directivos o representativos, (3) Vínculos económicos, laborales o profesionales y, (4) Relaciones familiares relevantes para la función pública.
Al revisarla, el ciudadano no debe limitarse a verificar si está llenada o no. Lo importante es leerla con sentido crítico: (1) ¿El candidato declara participación en empresas que contratan con el Estado?, (2) ¿Ha ocupado cargos en sectores directamente vinculados al puesto al que postula?, (3) ¿Existen actividades privadas que podrían entrar en conflicto con decisiones públicas futuras? Un vacío reiterado, declaraciones genéricas o información excesivamente escueta también dicen algo. La transparencia no solo está en lo que se declara, sino en cómo se declara.
Declaración jurada de bienes y rentas: Más allá del número final
La Declaración Jurada de Bienes y Rentas, disponible en la plataforma de la Contraloría General de la República (https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/#), permite conocer el patrimonio, ingresos y deudas del funcionario o candidato. Aquí, la clave no es el monto absoluto, sino la coherencia y evolución en el tiempo. Un error frecuente es mirar una sola declaración de manera aislada. El verdadero valor de esta herramienta aparece cuando se comparan declaraciones de distintos años.
Algunas preguntas básicas que cualquier ciudadano puede hacerse: (1) ¿El crecimiento patrimonial es razonable en relación con los ingresos declarados?, (2) ¿Existen variaciones abruptas sin explicación clara?, (3) ¿Se declaran bienes que luego desaparecen en años posteriores?, (4) ¿Las deudas disminuyen o aumentan de manera consistente con los ingresos? No se trata de hacer una auditoría financiera, sino de detectar patrones. La comparación año a año ayuda a identificar incongruencias que merecen una explicación pública.
Un error común es pensar que estas herramientas solo sirven antes de votar. En realidad, su valor aumenta una vez que la persona accede al cargo. Revisar si el patrimonio de una autoridad crece de forma desproporcionada durante su gestión es una forma concreta de control ciudadano. La democracia no se agota en las urnas. El seguimiento posterior es parte de este deber de informarse. Si el ciudadano renuncia a ese control, el sistema pierde uno de sus contrapesos más importantes.
Hagamos un ejercicio práctico. Revisemos las declaraciones juradas del Presidente en funciones José Enrique Jeri Ore. Él presenta dos declaraciones juradas periódicas como congresista (2024 y 2025) y una como Presidente (2025) al iniciar funciones.
En términos de ingresos, existe una inconsistencia relevante: en 2024 se declara un monto mensual inusualmente alto, mientras que en 2025 los ingresos consignados (S/ 15,600) sí son coherentes con la remuneración congresal. Esta diferencia no es explicada en el documento y merece atención ciudadana. Respecto al patrimonio, entre 2024 y 2025 se registra un incremento cercano a S/ 180 mil en bienes, explicado por la adquisición de un estacionamiento, un inmueble y un departamento financiado con crédito bancario. No hay contradicción directa, pero sí un crecimiento patrimonial significativo en un solo año.
El cambio más llamativo aparece en el rubro “otros” (ahorros u otros activos), que cae de manera abrupta en 2025. Aunque puede estar relacionado con la compra de bienes, el contraste entre las dos declaraciones del mismo año evidencia cómo una sola foto patrimonial no basta para entender la situación económica de una autoridad.
Revisar las declaraciones juradas de los candidatos convierte al elector en un ciudadano activo. La transparencia no existe para generar sospecha permanente, sino para reducir la asimetría de información entre quien gobierna y quien es gobernado.
En contextos de desinformación, noticias falsas y campañas emocionales, estas plataformas oficiales funcionan como anclas de realidad. No son perfectas, pero son verificables.
En la próxima entrega abordaremos cómo revisar la información con otras bases de datos públicas y qué señales de alerta no deberían pasar desapercibidas. Porque informarse es una práctica ciudadana básica. Y mientras más se ejerce, menos espacio queda para la manipulación y lógicamente también para la corrupción.
