La gran farra: Franja electoral y financiamiento del Estado a partidos políticos

Escribe: Wilson Aranda Roncal

Todo estalló cuando se descubrió que la agrupación política Primero la Gente, que lleva como aspirante presidencial a Marisol Pérez Tello, destinó S/. 460 mil al medio de comunicación digital de su propiedad, Nativa TV, que casi nadie ve. Es cierto que esa transferencia la hizo Miguel del Castillo, uno de los fundadores de la agrupación política y que ahora ha renunciado a postular a la Cámara de Diputados, por las críticas generadas.

En País para Todos, el propio aspirante a la primera magistratura de la nación, Carlos Álvarez Loayza, amenazó con renunciar si no se deslindaban responsabilidades en el contrato por S/. 642 mil también para Nativa TV. Tras reunirse con dirigentes del partido, aseguró que los responsables de esa irregularidad serán sancionados y País para Todos seguirá en liza.

Más cerca a nuestra realidad trujillana y liberteña, también está el caso de Alianza Para el progreso (APP), cuyo candidato al fajín presidencial es César Acuña Peralta, dueño del canal de televisión Cosmos TV. Justamente, APP transfirió S/. 349 mil a dicho medio de comunicación. Es decir, el dinero queda en casa.

Ante esta situación, en la cual se habla de una “comisión” para los partidos que coloquen su Franja Electoral en determinado medio, el Ministerio Público ha anunciado una investigación de oficio a todas las organizaciones políticas. Diversos actores políticos se han pronunciado por la eliminación de fondos estatales, no solo en lo tocante a la Franja Electoral, sino también en el Financiamiento del Estado a las agrupaciones.

Financiamiento del Estado a partidos

Otros negociados se dan con el financiamiento del Estado a los partidos que tienen representación en el Legislativo. De acuerdo a ley, el dinero público es depositado en las cuentas bancarias de las organizaciones políticas, las que deben utilizar el 50% del monto en la formación y capacitación de los cuadros partidarios, difundir la doctrina e ideario entre los militantes, etc., en tanto que el otro 50% restante puede emplearse para adquirir muebles, pagar a personal de servicio, en fin, lo que necesite la tienda política para su funcionamiento ordinario.

Sin embargo, la pregunta es: ¿los partidos representados en el Congreso han destinado las partidas para formación de cuadros? ¿Cómo verifica la ONPE el buen uso de los fondos? ¿La rendición de cuentas obligatoria es verdaderamente transparente y honesta? Respecto a la primera pregunta, viendo la clase de congresistas que tenemos, culpables de que el Legislativo tenga la aprobación de un dígito entre la ciudadanía, la respuesta es negativa, es decir se evidencia que los partidos no se han preocupado por capacitar y formar cuadros que luego integren sus listas electorales. Es cierto que hay excepciones, hay legisladores que sí toman en serio sus funciones, pero son pocos.

La contestación a la primera pregunta en forma negativa, me releva de hacer comentarios acerca de las otras dos.

Esta farra de los partidos con los dineros públicos evidencia la debilidad institucional que tenemos como Estado, que no hace sino alejar al ciudadano de la participación activa y a conciencia en dichas organizaciones y tener animadversión a la clase política por considerarla la génesis de los males de la nación. Pienso que el Estado no debe dar ni un sol a las agrupaciones políticas, en cuanto al financiamiento privado, hay una ley que los regula. Un partido es fuerte por sus militantes y simpatizantes, pues es su caudal electoral, estas personas, con sus cuotas pueden ayudar económicamente a la tienda política a la cual apoyan.

Es cierto que, en otros países, por ejemplo, Francia, Alemania, España, transfieren fondos públicos a partidos, pero tienen un largo historial democrático y la fiscalización es mayor y mejor que en Perú, ergo, cuando lleguemos a ese estadio de nuestro desarrollo histórico, podremos ver el apoyo estatal a las agrupaciones políticas. Recordemos que en Estados Unidos, no hay transferencia del erario nacional a partidos, cuyas campañas se basan en donaciones privadas reglamentadas.